La Agencia Tributaria ha decidido proporcionar más flexibilidad en el pago aplazado de impuestos para facilitar la liquidez de los contribuyentes. Eso se produce gracias a una orden ministerial que eleva de los 30.000 euros actuales exentos de aportar garantías a 50.000.
A su vez, dos instrucciones desarrollan el esquema a aplicar a partir de ahora y permitirán ofrecer más plazos de pago a los contribuyentes en un amplio abanico de situaciones.
El doble de plazo
Esta nuevas reglas se aplicarán para solicitudes que se presenten a partir del 15 de abril, la fecha de entrada en vigor de la orden ministerial. Una de las novedades es que las solicitudes automatizadas, es decir, aquellas que no requieren garantías, duplican su plazo de los 12 meses actuales a 24 en el caso de personas físicas; y de 6 a 12 meses, en el de las personas jurídicas.
La flexibilización de los plazos alcanza, igualmente, a supuestos de solicitud de aplazamiento por encima de 50.000 euros y que, por tanto, requieren aportación de garantías. Así, para los casos en que se aporte un aval bancario o seguro de caución, los plazos máximos pasan de 36 a 60 meses, mientras que si la garantía aportada es un inmueble urbano sin cargas los plazos máximos se elevan de 24 a 36 meses.
Con el mismo objetivo de ganar en flexibilidad, se amplía de 48 a 60 meses el tope para supuestos excepcionales en que se pueden superar los plazos máximos generales establecidos, previa autorización.