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Acuerdo de imposición

Algunos tributos municipales son voluntarios para los ayuntamientos, como es el caso de la plusvalía municipal. Esto significa que para que éstos puedan exigirlos a los contribuyentes, debe haber un acuerdo previo de imposición de estos tributos válidamente publicado y aprobado por el Pleno del consistorio. Y algunos ayuntamientos no aprobaron en su momento dicho acuerdo o no lo publicaron en el respectivo Boletín Oficial de la Provincia. En este caso, sus ordenanzas estarían exigiendo un tributo que, por no existir un previo acuerdo de imposición, sería inexigible. Ahora el Supremo decidirá cuáles son las consecuencias para el consistorio que no haya hecho los deberes legales y podría suponer la imposibilidad de cobrar la plusvalía a sus habitantes.


El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL) se refiere en su artículo 59.1, a los tributos locales que los Ayuntamientos deben exigir de forma obligatoria. Éstos son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). El resto de tributos o tasas son potestativos, es decir, voluntarios, para los Ayuntamientos, como es el caso de la plusvalía municipal.


Esto supone que, para que éstos puedan exigirlos a los contribuyentes, debe existir un previo acuerdo de imposición de estos tributos, válidamente publicado. El Tribunal Supremo va a decidir cuáles son las consecuencias de que un Ayuntamiento no haya publicado dicho “acuerdo de imposición” en relación con estos tributos municipales. Y ello podría suponer la imposibilidad de exigirlos a los contribuyentes.


En qué consiste el acuerdo de imposición


Este acuerdo de imposición es necesario para impuestos que son voluntarios de cobrar por parte de los ayuntamientos, como es el caso de la plusvalía municipal o el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO). Aunque haya una ordenanza fiscal aprobada por el ayuntamiento para exigir el pago de estos tributos, es obligatorio contar con este requisito.


Así se prevé en el artículo 15.1 del TRLRHL, cuando prevé, en relación con estos impuestos voluntarios, que “las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos.”


Este “acuerdo de imposición” de cada uno de estos tributos municipales debe aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento. El problema es que algunos Ayuntamientos no aprobaron dicho acuerdo. O si lo hicieron, no lo publicaron en el respectivo Boletín Oficial de la Provincia. En este caso, sus ordenanzas estarían exigiendo un tributo que, por no existir un previo acuerdo de imposición, sería inexigible.


El Tribunal Supremo va a poner negro sobre blanco en esta cuestión. Mediante Auto de 23 de marzo de este año (recurso 5534/2021), el Alto Tribunal ha acordado determinar si es posible llevar a cabo la impugnación indirecta de la ordenanza fiscal de la plusvalía municipal o del ICIO, cuando se recurre una liquidación de estos impuestos.. En caso de que declarara que sí es posible dicha impugnación indirecta, los contribuyentes podrían anular las liquidaciones dictadas en estos dos impuestos, por defectos en la aprobación de las ordenanzas fiscales. En concreto, por no constar el previo acuerdo de imposición.


Estamos, por tanto, ante una reclamación que puede poner en jaque a muchos Ayuntamientos, en la medida en que vengan exigiendo impuestos y tasas municipales sin acordar, previamente, su imposición. Ello, tal y como les exige el artículo 15 del TRLRHL.


El criterio del Supremo en anteriores asuntos resueltos (sentencias del 8 de noviembre de 2001 y del 2 de octubre de 2002) es que en principio sí se puede impugnar una ordenanza fiscal de forma indirecta por no contar con el “acuerdo de imposición”. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en sentencia del 4 de abril de 2014 declaró también que es obligatorio dicho “acuerdo de imposición”. Y en el mismo sentido se ha pronunciado en sentencia de 12-6-2020.


Cómo deberán actuar los contribuyentes.


Los contribuyentes podrían denunciar un defecto en la elaboración y tramitación de la ordenanza fiscal del impuesto en el ayuntamiento donde vivan cuando recurran una liquidación de la plusvalía municipal o cuando soliciten la rectificación de la autoliquidación de dicho impuesto.


Es lo que se conoce como “impugnación indirecta” de una ordenanza fiscal. Y está prevista en el artículo 26 de la Ley 29/1998, que regula la jurisdicción contencioso-administrativa. Dispone dicho precepto que “Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.”

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